Los militares volvieron al gobierno, tras la brecha abierta por la descomposición del gobierno, el descontrol económico y la violencia política vivenciada en esta época. Así, el general Jorge R. Videla (Ejército), el almirante Emilio E. Massera (Marina) y el brigadier Orlando R. Agosti (Aeronáutica); los tres comandantes de la armada, integraron la llamada Junta Militar, que el 24 de Marzo de 1976 derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta nueva intervención militar, fue totalmente diferente a las anteriores, y se hizo llamar “Proceso de Reorganización Nacional”.
La represión política y social (que buscaba eliminar a todos aquellos que se opusieran a sus objetivos), sumado a la desarticulación de las bases de la economía industrial (es decir, abandonar por completo el modelo industrialista iniciado 40 años atrás y producir una mayor concentración de la riqueza) y ejercicio autoritario del poder, fueron las expresiones que fundaron esta “reorganización”. Sin embargo, la derrota en la Guerra de Malvinas, fue el producto que sirvió para el derrocamiento del gobierno militar, acelerando se desgaste y llevando a Galtieri a renunciaren Julio de 1982.
Uno de los rasgos fundamentales de este gobierno militar fue la represión ilegal, desarrollado con gran tenacidad entre los años 1976 y 1978. Este rótulo de ilegalidad no se acuñe porque sólo fue llevada a cabo por el gobierno de facto, sino fundamentalmente porque se violaba la legalidad establecida por ese mismo gobierno. Tal es así, que la represión era organizada de manera sumamente planeada, y dirigida por los más altos niveles de decisión político y militar. Pero hay que agregarle otra particularidad, al mismo tiempo fue clandestina. Quienes fueron receptores de la misma, eran aquellos integrantes de las organizaciones guerrilleras que se comprometían con la lucha armada. No obstante, no fueron los únicos, sino que se extendió a aquellos actores sociales y políticos totalmente desvinculados de esta participación guerrillera.
En el primer año de dictadura ya había más de quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenas de miles de exiliados.
Con un total verificado de más de trescientos, los centros clandestinos, fueron los sitios elegidos para llevar a cabo las modalidades de represión, como secuestro, detención, tortura, y en la mayoría de los casos ejecución. Así, la pena de muerte fue implantada por la Junta Militar , aunque siempre fuera de la ley, es decir que no se aplicaba legalmente la misma.
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